Aprincipios de este mes se conmemoró el Día Internacional para Acabar con la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, un flagelo que castiga a la sociedad en su conjunto según lo dicho entonces por el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres.
El titular de la ONU reivindicó la existencia de una “prensa libre que pueda desempeñar su papel esencial en la paz, la justicia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos”. Para poder cumplir con esos objetivos se necesita una acción eficiente desde el Estado y las organizaciones civiles. Advirtió: “si no protegemos a los periodistas, nuestra capacidad de mantenernos informados y tomar decisiones basadas en pruebas se ve gravemente obstaculizada”. Además se pronunció en contra de las campañas de desinformación y de circulación de noticias falsas en internet, aspecto que previamente ya habían abordado distintas instituciones de este máximo organismo internacional, como la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Derechos Humanos.
“Las noticias y los análisis basados en hechos dependen de la protección y la seguridad de los periodistas que realizan reportajes independientes, enraizados en el principio fundamental: ‘periodismo sin temor ni favoritismo’”, puntualizó Guterres.
La Argentina, lamentablemente, puede dar testimonio de la certeza de las palabras del funcionario. Todos los años se contabilizan decenas de ataques a la libertad de expresión que tienen a periodistas profesionales como víctimas y mientras estaban desarrollando su labor social. El sujeto al que se busca (y logra) agredir tiene un valor simbólico: es el que releva lo que pasa en una sociedad y transmite la noticia a quienes no estuvieron en el lugar en ese momento. Por lo tanto, quien lo silencia pretende que no se conozca lo que pasó; en ese sentido, el ataque deja de tener como referencia a una persona puntual para afectar a un sistema.
El asesinato de José Luis Cabezas en enero de 1997 fue un punto de inflexión en el país, que reaccionó de tal modo que no se repitió un crimen de ese calibre. Pero esto no significa que cotidianamente no existan atentados contra la prensa, por suerte de menor gravedad. El año pasado, en el relevamiento que hace el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) a través de su Monitoreo de Libertad de Expresión, se comprobaron 58 agresiones, rompiendo una tendencia a la baja que se venía registrando desde 2016. Lo atípico de 2020, cuarentena y restricciones ambulatorias mediante, lo marca como un período que no puede ser tomado en cuenta al igual que otros.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) calculó que entre 2010 y 2019, cerca de 900 periodistas fueron asesinados en todo el mundo mientras hacían su trabajo, de los cuales más de 150 homicidios ocurrieron en los dos últimos años. El informe alerta que América Latina y el Caribe reúne el 40% de todos los asesinatos registrados en el mundo en este último período (con México a la cabeza, con 12 crímenes sólo en 2019), seguidas de Asia y el Pacífico, con el 26% de los homicidios.
Proteger a los periodistas es defender a la sociedad en su conjunto. Una voz que se calla es una información que se oculta. Un golpe que se recibe es una herida en el cuerpo social. El compromiso de las instituciones de cada país no debe ser sólo enunciado sino práctico y efectivo, con medidas preventivas concretas. Y en caso de que el ataque se cometa, que haya un accionar judicial decidido que impida la impunidad.